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Medidas de coerción en el proceso penal. Tomo 3

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Descripción

Gonzalo Miranda
Medidas de coerción en el proceso penal. Tomo 3

Editores del Sur

Número de Edición: 1
Páginas: 394
Formato:
Encuadernación: Rustica
Peso: 0.57 kgs.
ISBN: 978-631651870-5


VER INDICE

Miranda, Gonzalo (Director)

Medidas de coerción en el proceso penal. Tomo 3

1ª edición, noviembre de 2025
394 págs 23 x 16 cm.
Rústica

Contenido: En un tiempo en que las políticas de seguridad tienden a expandir la coerción estatal en el proceso penal, este tercer tomo de la colección Medidas de coerción en el proceso penal ofrece una reflexión rigurosa y critica sobre susi fundamentos, límites y desafíos actuales. Bajo la dirección del Profesor Gonzalo Miranda, catorce autores -en su mayoría jóvenes docentes e investigadores-abordan desde perspectivas constitucionales, legales y jurisprudenciales cuestiones que ven desde la prueba de los riesgos procesales y la duración de la prisión preventiva, hasta restricciones a la libertad en zonas aduaneras, medidas cautelares en delitos económicos, allanamientos digitales, operativos preventivos, embargos y el tratamiento judicial de la narcocrimimalidad
La obra no se limite a la prisión preventiva explora también dimensiones menos transitadas de la coerción, como los juicios paralelos y su impacto sobre la presunción de Inocencia, el Interés superior del niño, la ejecutoriedad de la sentencia firme o los métodos alternativos de resolución de conflictos. Con un lenguaje claro pero jurídicamente sólido, cada capítulo combina el análisis normativo y doctrinario con el examen de la jurisprudencia relevante, invitando a pensar la tensión entre el poder estatal y los derechos fundamentales más allá de slogans punitivistas.
Este volumen confirma que el debate sobre las medidas de coerción sigue vivo en la academia y que nuevas generaciones de juristas no se resignan a la aceptación acrítica de prácticas que comprometen garantías esenciales. Sus páginas constituyen, así, una herramienta valiosa tanto para operadores judiciales como para litigantes, docentes y estudiantes, y un llamado a sostener, en el corazón mismo del proceso penal, el compromiso con el Estado de Derecho.