Desde 1968 tu librería jurídica Lunes/Viernes 9 a 19 hs. Sábado 9 a 13 hs Desde 1968 tu librería jurídica Lunes/Viernes 9 a 19 hs. Sábado 9 a 13 hs Desde 1968 tu librería jurídica Lunes/Viernes 9 a 19 hs. Sábado 9 a 13 hs Desde 1968 tu librería jurídica Lunes/Viernes 9 a 19 hs. Sábado 9 a 13 hs Desde 1968 tu librería jurídica Lunes/Viernes 9 a 19 hs. Sábado 9 a 13 hs Desde 1968 tu librería jurídica Lunes/Viernes 9 a 19 hs. Sábado 9 a 13 hs Desde 1968 tu librería jurídica Lunes/Viernes 9 a 19 hs. Sábado 9 a 13 hs Desde 1968 tu librería jurídica Lunes/Viernes 9 a 19 hs. Sábado 9 a 13 hs

Derecho Procesal Penal. Fundamentos y sistema.

$58.300,00
$52.470,00 con Transferencia o depósito bancario
6 cuotas sin interés de $9.716,67
10% de descuento pagando con Transferencia o depósito bancario
Ver más detalles
Envío gratis superando los $150.000,00
No acumulable con otras promociones
¡Solo quedan 2 en stock!
Compra protegida
Tus datos cuidados durante toda la compra.
Cambios y devoluciones
Si no te gusta, podés cambiarlo por otro o devolverlo.
Entregas para el CP: Cambiar CP
Medios de envío
No sé mi código postal
Nuestro local
  • Librería del Jurista - Talcahuano 427, CABA, Argentina - Atención de L a V de 9 a 19 hs y S de 9 a 13 hs.
    Gratis
Descripción

Geraldo Prado
Derecho Procesal Penal. Fundamentos y sistema.

Marcial Pons

Número de Edición: 1
Páginas: 372
Formato:
Encuadernación: Rustica
Peso: 0.48 kgs.
ISBN: 9788413818597


VER INDICE

La preponderancia del Derecho procesal penal como objeto del conocimiento procesal penal se va incorporando a la forma de ver en qué consiste el Derecho procesal penal, excluyendo del campo de percepción otras formas de resolver conflictos penales. La idea de que el proceso penal sirve para resolver jurídicamente un conflicto, ofreciendo una decisión dirigida a resolver dicho conflicto, llega a ser vista en ciertos círculos como una herejía. El proceso penal y el poder de imperio del Estado, personificado en la sentencia penal, se fusionan de tal manera que la jurisdicción se identifica únicamente con el poder de imponer castigos, distanciándose de los problemas concretos de los grupos sociales. Cuando nuestra perspectiva se abre para captar las innumerables situaciones en las que las autoridades actúan para gestionar conflictos, queda claro que una definición del derecho procesal penal basada únicamente en la ley es insatisfactoria. El primer paso consiste en deshacerse de las «ataduras conceptuales» que excluyen del objeto de este conocimiento los diversos métodos que las distintas sociedades utilizan para estipular qué comportamientos merecen atención hasta el punto de considerar la imposición de castigos u otro tipo de injerencias institucionales, en qué consisten esos métodos de adjudicación de responsabilidades y cómo pueden considerarse legítimos, teniendo en cuenta los acuerdos políticos cada vez más complejos.