| 2 cuotas de $84.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $168.000,00 |
| 3 cuotas de $56.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $168.000,00 |
| 6 cuotas de $28.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $168.000,00 |
| 1 cuota de $168.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $168.000,00 |
| 3 cuotas de $56.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $168.000,00 |
| 2 cuotas de $84.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $168.000,00 |
Gabriel Gonzalez da Silva
Derecho constitucional procesal penal. 1
El reparto de poder entre las Provincias y el Estado Federal. Fundamentos en el Estado constituciona
Ad-Hoc
Número de Edición: 1
Páginas: 596
Formato: 23 x 16
Encuadernación: Rustica
Peso: 1.1 kgs.
ISBN: 9789877451542
Derecho constitucional procesal penal. 1
El reparto de poder entre las Provincias y el Estado Federal. Fundamentos en el Estado constitucional de derecho
Gonzalez da Silva, Gabriel
Año: 2019.
596 páginas.
Rústica. 23 x 16 cm.
DESCRIPCION:
Sección introductoria
1-El problema: la regulación de la ley procesal penal según el esquema federal argentino y el derecho constitucional procesal penal
2. Delimitación de la investigación
3. Plan de trabajo y metodología a utilizar
Primera Parte: El derecho penal y el derecho procesal penal en el Estado constitucional de derecho
Capítulo I Aspectos generales del derecho penal material
Capítulo II El derecho penal material y su interrelación con la manda constitucional
Capítulo III El derecho procesal penal en el Estado constitucional de derecho
Segunda Parte: La conformación del derecho procesal penal según el esquema constitucional federal argentino
Capítulo IV Las facultades reservadas de las provincias para regular la ley procesal penal local
Capítulo V El esquema del Estado federal argentino y sus orígenes. Derivaciones en el desarrollo del derecho penal y procesal penal
Capítulo VI El esquema constitucional argentino y su distribución de competencias legislativas y jurisdiccionales
Capítulo VII La potestad específica para dictar la ley procesal penal a partir de la organización constitucional argentina
